Más de 106 mil servidores públicos cumplieron con la presentación de su Declaración Patrimonial y de Intereses 2026, mientras que la Secretaría de Contraloría dará seguimiento a los casos de incumplimiento conforme a la ley.
PACHUCA DE SOTO, HGO.- Hidalgo alcanzó por cuarto año consecutivo un cumplimiento superior al 99 por ciento en la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses, consolidándose como una de las entidades con mayores niveles de cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Al cierre del plazo legal, este 31 de mayo, un total de 106 mil 568 personas servidoras públicas cumplieron en tiempo y forma con esta obligación, de un universo de 109 mil 942 trabajadores obligados a presentar su declaración correspondiente al ejercicio 2026.
Más de 106 mil servidores públicos presentaron su declaración
De acuerdo con la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, el nivel de cumplimiento alcanzado refleja el compromiso institucional de las dependencias estatales y municipales con la transparencia y el combate a la corrupción.
La dependencia recordó que la Declaración Patrimonial y de Intereses es una herramienta fundamental para vigilar la evolución patrimonial de los funcionarios, prevenir conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Municipios destacan por altos niveles de cumplimiento
En el ámbito municipal se registraron 26 mil 185 declaraciones presentadas de un total de 28 mil 767 personas obligadas, alcanzando un cumplimiento del 91.2 por ciento.
Entre los municipios que lograron el 100 por ciento de cumplimiento destacan Zempoala, Atitalaquia, Juárez y Alfajayucan.
Asimismo, sobresalen municipios con amplias plantillas laborales como Pachuca, que superó el 98 por ciento de cumplimiento; Mineral de la Reforma, con más del 96 por ciento; y Tizayuca, con más del 93 por ciento.
Poder Ejecutivo supera el 99 por ciento de cumplimiento
En el Poder Ejecutivo estatal, 82 mil 315 personas servidoras públicas estaban obligadas a presentar su Declaración Patrimonial de Modificación.
De ese total, 81 mil 738 cumplieron con la obligación legal, lo que representa un nivel de cumplimiento del 99.3 por ciento.
Además, 50 dependencias y organismos estatales reportaron un cumplimiento total del 100 por ciento.
Contraloría iniciará procedimientos contra quienes incumplieron
La Secretaría de Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales, reconoció el compromiso de miles de servidores públicos que realizaron el trámite dentro del plazo establecido.
Sin embargo, la dependencia recordó que la presentación de la Declaración Patrimonial es una obligación legal y no una acción voluntaria, por lo que dará seguimiento a los casos de incumplimiento para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
Las sanciones pueden incluir amonestaciones, suspensiones e incluso inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de cada caso.
Más de 700 servidores públicos han sido sancionados durante la actual administración
La Contraloría informó que durante la actual administración estatal se han sancionado 726 personas servidoras públicas por incumplir con la presentación de sus declaraciones patrimoniales en las modalidades de inicio, modificación y conclusión.
De ese total, 179 personas fueron inhabilitadas para desempeñar funciones dentro del servicio público.
Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de una estrategia integral de combate a la corrupción que también contempla auditorías, mecanismos de control interno, vigilancia ciudadana, laboratorios de control de calidad, digitalización de procesos y acciones permanentes de fiscalización.
Transparencia y rendición de cuentas, ejes de la administración estatal
El gobierno estatal destacó que la rendición de cuentas es una pieza fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
La administración encabezada por Julio Menchaca Salazar reiteró que la transparencia no admite excepciones y que el cumplimiento de la ley es una responsabilidad inherente al servicio público.
