Durante su participación en el encuentro internacional “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevado a cabo en la Casina Pío IV de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en Ciudad del Vaticano, la titular del Poder Judicial de Hidalgo destacó la necesidad de fortalecer la capacitación judicial y garantizar una justicia con perspectiva de vulnerabilidad y de derechos de las futuras generaciones.
La magistrada Rebeca Aladro Echeverría, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y vicepresidenta del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales, COPAJU Capítulo México, planteó la necesidad de que la justicia ambiental y los efectos del cambio climático formen parte de la agenda jurídica de los tribunales del país y de la justicia cotidiana.
Durante su participación en el encuentro internacional “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, sostuvo que el reconocimiento del derecho a un clima sano como un derecho humano autónomo, interdependiente e intergeneracional obliga a fortalecer las herramientas con las que las personas juzgadoras atienden los efectos que el deterioro ambiental tiene sobre otros derechos.
La propuesta contempla que expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Fray Bartolomé de las Casas compartan instrumentos jurídicos y criterios relevantes, entre ellos la Opinión Consultiva OC-32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para fortalecer su conocimiento y aplicación en el ámbito de competencia en la justicia cotidiana.
Asimismo, planteó establecer mesas de trabajo con las personas juzgadoras locales para analizar de manera práctica cómo los daños al medio ambiente pueden impactar en asuntos de distintas materias, entre ellas la civil, familiar, mercantil y administrativa.
Para el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la magistrada propuso ampliar esta visión mediante un eje permanente de capacitación judicial en justicia ambiental, derechos humanos y cambio climático, incorporando especialmente la perspectiva de vulnerabilidad, los derechos de las futuras generaciones y el acceso efectivo a la justicia.
“Ninguna persona juzgadora puede aplicar lo que en realidad no conoce”, afirmó al destacar que la capacitación constituye una herramienta fundamental para que los nuevos estándares en materia ambiental puedan traducirse en una justicia cercana y efectiva.
La magistrada señaló que ante los efectos del cambio climático el Poder Judicial debe asumir también una visión de justicia que considere la protección del medio ambiente como parte de la tutela de los derechos humanos.
La propuesta planteada desde Hidalgo parte de una visión progeneracional, en la que impartir justicia también implica considerar las condiciones que se dejarán a niñas, niños y jóvenes, así como garantizar que las generaciones futuras puedan ejercer plenamente sus derechos.
Con ello, la magistrada Rebeca Aladro reafirmó su compromiso con una justicia con sentido humano, capaz de responder a los nuevos desafíos sociales y ambientales, y de fortalecer desde el ámbito judicial la protección de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia.
En el encuentro internacional se dieron cita el Dr. Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales (COPAJU), así como la Junta Académica Fundadora del Instituto Fray Bartolomé de las Casas representada por el profesor doctor Alberto Filippi y el profesor doctor Marcelo Suárez Orozco; el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistradas y magistrados, juezas y jueces de las cortes constitucionales supremas e internacionales que participaron.
En la primera jornada expusieron también Michèle Alexandre, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Loyola, de Chicago; María Julia Figueredo Vivas, magistrada colombiana y vocal de la Junta Directiva COPAJU; el juez Pablo Ricardo Lorenzetti, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela , provincia de Santa Fe, Argentina; Adriana Orocú Chavarría, jueza y docente de Derecho Procesal Civil y coordinadora de COPAJU Costa Rica (capitulo en formación); la magistrada Adriana Saavedra Lozada, presidenta de COPAJU Colombia; Vanesa Siley, secretaria general de SITRAJU CABA e integrante del Consejo de la Magistratura de la Argentina y Daniel David Urrutia Laubreaux, juez de Garantía de Chile y vocal de la Junta Directiva COPAJU.
