Pachuca de Soto, Hidalgo.— Con el objetivo de fortalecer la protección y el bienestar de los animales en Hidalgo, la diputada Paloma Barragán Santos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para establecer restricciones a las personas que hayan sido sancionadas o sentenciadas por actos graves de maltrato o crueldad animal.
La propuesta plantea adicionar los artículos 104 Bis y 104 Ter a la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, con la finalidad de avanzar a un modelo preventivo, que evite que los animales vuelvan a quedar bajo el cuidado de personas que hayan ejercido violencia contra ellos.
La legisladora señaló que actualmente una persona sancionada por torturar o privar de la vida a un animal puede cumplir con una multa y posteriormente adquirir o adoptar otro, situación que, consideró, deja abierta la posibilidad de que los actos de violencia se repitan.
La iniciativa cobra especial relevancia ante los casos registrados en la entidad. De acuerdo con los datos expuestos, al cierre de 2025 la Procuraduría General de Justicia del Estado registró 251 carpetas de investigación por presunto maltrato animal. Asimismo, se hizo referencia a hechos ocurridos recientemente en la Huasteca, entre ellos el envenenamiento masivo de perros y gatos en Huejutla y el caso de un perro que fue quemado vivo en la vía pública.
¿Qué propone la iniciativa?
Entre las principales medidas se plantea que las personas que hayan sido sancionadas por autoridades administrativas o sentenciadas por autoridades judiciales por infracciones graves o reincidencia derivadas de actos de maltrato o crueldad animal, puedan recibir como sanción la prohibición temporal o definitiva para adquirir, poseer, resguardar, custodiar o recibir en adopción a cualquier animal.
Además, la propuesta contempla que criaderos, establecimientos comerciales, asociaciones protectoras, la Secretaría, la Procuraduría y los Ayuntamientos adopten las medidas necesarias para verificar esta restricción antes de concretar una venta, enajenación o adopción.
Como parte del mecanismo de prevención, la propuesta plantea la creación de un registro de personas agresoras que hayan sido sancionadas o sentenciadas por estos actos, el cual deberá ser consultado previamente a cualquier proceso de adopción o venta de animales.
“No podemos permitir que actos como los vividos en la Huasteca y en otras regiones de nuestro estado se repitan porque la ley, hasta hoy, no ha sido lo suficientemente firme para frenar a los agresores”, sostuvo la diputada.
Paloma Barragán destacó que reconocer a los animales como seres sintientes implica fortalecer su tutela y protección, así como generar mecanismos que permitan prevenir nuevas situaciones de violencia.
Finalmente, la legisladora llamó a consolidar una cultura de respeto hacia los animales y a cerrar las brechas entre la denuncia y la sanción, con el propósito de avanzar hacia una sociedad más pacífica y responsable.
