- El gobernador Julio Menchaca destacó los lazos de cooperación que se han construido con dependencias federales
- Hidalgo es el sexto estado que se suma a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas: titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
El gobernador Julio Menchaca Salazar firmó como testigo de honor en el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
El mandatario estatal celebró que se destinen más de 24 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para inhibir el fenómeno de desaparición en la entidad, recurso que será destinado al mejoramiento de la infraestructura y la capacitación profesional de quienes integran los Servicios Médicos Forenses.
“Hacemos el compromiso de corresponder a esta disposición para dar los resultados que la gente nos reclama, sobre todo para atender la incertidumbre de las 864 familias hidalguenses que dedican su tiempo y esfuerzo a la búsqueda de sus seres queridos”, recalcó.
Menchaca Salazar puntualizó que con la presencia de las y los funcionarios públicos de alto nivel, se refuerzan los lazos de cooperación entre la administración estatal y federal para convertir a Hidalgo en una verdadera potencia, en donde el respeto a los derechos humanos sea una constante dentro de todas las estrategias planteadas.
“Estamos enviando una muy buena señal a través de este convenio que tendrá gran trascendencia pues estamos asumiendo la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran en calidad de desaparecidas”, subrayó Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Añadió que, a raíz del inicio del gobierno de la transformación encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto destinado a la búsqueda de personas aumentó de los 8 millones de pesos a los mil 100 millones de pesos, por lo que se ha decidido destinar 24 millones al estado de Hidalgo.
Encinas Rodríguez reconoció la buena disposición del Gobierno del Estado de Hidalgo para atender esta problemática y declaró: “Algunas procuradurías o fiscalías no cumplen con la obligación de buscar a personas desaparecidas o no localizadas, lo que nos demuestran que a lo largo de más de una década, gobiernos neoliberales pretendieron esconder la realidad social de México, un ejemplo de ello son los 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes”.
Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, informó que desde 2007 más de 110 mil personas son reportadas como desaparecidas a nivel nacional y al menos 52 mil cuerpos permanecen sin identificar, por lo que celebró la buena voluntad política del gobierno estatal para llevar a cabo estos trabajos de cooperación interinstitucional: “Hidalgo es el sexto estado que se suma a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas”.
Quintanar Osuna enfatizó que la búsqueda e identificación de personas desaparecidas es una política del Estado Mexicano, esfuerzo en donde se ha instruido buscar a todas y todos, sin distingo: “Vamos a hacer búsqueda e investigación conjunta para garantizar el derecho humano a ser buscado”, puntualizó.
Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la PGJEH, recordó que la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, encabezada por el ex presidente Felipe Calderón, dio como resultado más de 100 mil personas desaparecidas: “A partir de la transformación de México e Hidalgo se iniciaron cientos de carpetas de investigación que nos permiten buscar a personas desaparecidas. Entre otras acciones que se han implementado destaca el desarrollo de mecanismos de identificación de los restos humanos que se encuentran bajo resguardo del Servicio Médico Forense del estado”.
El funcionario expuso que en Hidalgo 289 cuerpos no han sido identificados, 46 no han sido reclamados y cerca de 90 restos óseos no han sido debidamente identificados, muestra del abandono y apatía gubernamental de anteriores administraciones: “Con la perspectiva de un gobierno humanista nos centramos en la construcción de un modelo que permita mejorar las condiciones de vida en un ambiente de justicia”.
Nieto Castillo aprovechó la oportunidad para dar a conocer que en días pasados se llevó a cabo una firma de convenio entre la Procuraduría y el Instituto Nacional Electoral, para que a través de los datos biométricos con los que el instituto cuenta, se agilice la identificación de los restos humanos, bajo un estricto apego a los derechos humanos.
Al finalizar, Menchaca Salazar destacó que la firma de este convenio contribuye al cumplimiento de las tareas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 para garantizar el respeto a los derechos humanos.
